El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reducción del gasto en subsidios energéticos. Este miércoles, el oficialismo y bloques aliados en la Cámara de Diputados firmaron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y redefine el esquema de compensaciones tarifarias para el gas natural. La intención es llevar la iniciativa al recinto en la sesión prevista para el 20 de mayo.
De prosperar la reforma, el beneficio quedará limitado a Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, excluyendo a millones de usuarios incorporados durante la expansión de hace cuatro años.
La ampliación de 2021 había llevado el régimen de Zona Fría de 950.000 hogares a cerca de 4 millones de usuarios residenciales, utilizando parámetros bioambientales para extender la cobertura a amplias zonas del centro del país. El nuevo proyecto revierte buena parte de esa expansión y establece que, en las regiones que pierdan el beneficio, solo mantendrán el descuento quienes estén inscriptos en el Subsidio Energético Focalizado (SEF).
Ese padrón incluye hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, titulares de Certificados de Vivienda Familiar y beneficiarios de pensiones vitalicias para veteranos de guerra.
Desde el oficialismo argumentan que el esquema actual es financieramente insostenible. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, financiado con una alícuota del 7,5% sobre el precio del gas natural, ya no alcanza para cubrir el volumen de subsidios vigente.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa ante la comisión legislativa:
“Los recursos son escasos y la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita”.
Qué provincias quedan afuera del régimen
La reforma excluye a numerosos departamentos incorporados en 2021. Entre las provincias más afectadas se encuentran:
- Buenos Aires: 55 departamentos
- Córdoba
- Santa Fe
- San Luis
- Mendoza (excepto Malargüe)
- La Pampa
- Salta
- San Juan
- Catamarca
- La Rioja
- Tucumán
El impacto será significativo en áreas urbanas y suburbanas del centro del país, donde millones de usuarios dejarán de recibir descuentos en sus facturas de gas natural.
El proyecto también incorpora un capítulo clave para el sector eléctrico: la regularización de deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La iniciativa habilita a la Subsecretaría de Energía Eléctrica y a CAMMESA a aplicar créditos regulatorios para cancelar obligaciones de distribuidoras que acepten acuerdos y renuncien a litigios contra el Estado.
El debate involucra principalmente a Edenor y Edesur, que reclaman ingresos no percibidos durante los años de congelamiento tarifario. Según cifras mencionadas en la comisión, Edenor reclama alrededor de USD 2.000 millones y Edesur cerca de USD 1.100 millones, mientras ambas mantienen deudas con CAMMESA por montos similares.
El proyecto también elimina regímenes de promoción hidrocarburífera vinculados al acceso a divisas para producción incremental de petróleo y gas, y deroga el régimen de promoción de inversiones sancionado en 2013.
En paralelo, prorroga hasta diciembre de 2045 la exención impositiva para proyectos de energías renovables, incluyendo desarrollos eólicos, solares, hidráulicos, geotérmicos, mareomotrices, de biomasa y aprovechamiento de gases de vertedero.
La medida busca sostener la competitividad del sector renovable en un contexto de transición energética y diversificación de la matriz.
