En un paso clave hacia la agilización de inversiones, Chile aprobó una ley que reducirá drásticamente los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, especialmente en el ámbito minero. La iniciativa fue sancionada en su tercer y último trámite por la Cámara de Diputados y apunta a simplificar procesos, garantizar seguridad jurídica y modernizar la gestión pública sin desproteger el medio ambiente.
Conocida como la ley de “permisología”, la norma permitirá reducir entre un 30% y un 70% los plazos de más de 380 permisos sectoriales, distribuidos entre 37 servicios y 16 ministerios. El objetivo es claro: dinamizar el desarrollo de proyectos estratégicos en sectores clave, como la minería y la energía, sin sacrificar estándares ambientales ni sociales.
Uno de los pilares de la norma es el principio de proporcionalidad, que establece que las exigencias regulatorias deben guardar relación directa con los riesgos reales de los proyectos. Así, se evitan restricciones innecesarias que encarecen, demoran o bloquean las inversiones sin justificación técnica.
Además, se implementan mecanismos como las declaraciones juradas y avisos en reemplazo de autorizaciones administrativas formales, cuando el riesgo del proyecto así lo permite. Esto reduce la carga burocrática y acelera la habilitación de iniciativas sin comprometer los objetivos regulatorios.
Otro punto clave es la incorporación del “silencio administrativo positivo”: si una autoridad no responde en el plazo legal a una solicitud, el permiso se considerará automáticamente otorgado. Esta herramienta busca poner fin a la parálisis institucional que tantas veces ha frenado obras y proyectos productivos.
Desde el Congreso chileno explicaron que la nueva legislación proporciona un marco general para la actuación válida, estandarizada y coordinada de los órganos del Estado, dotando a los desarrolladores de proyectos de mayor certeza jurídica y previsibilidad.
La ley también busca impulsar la productividad, el crecimiento económico y la inversión privada, a través de un tránsito progresivo hacia una regulación más eficiente y moderna, sin renunciar a los resguardos ambientales y sociales que exige la ciudadanía.
Chile, uno de los principales productores de cobre y litio del mundo, da así un paso firme hacia la desburocratización de su aparato estatal, en línea con las demandas de competitividad internacional y desarrollo sostenible.
